Política y legislación penitenciaria en España: ¿qué la interesa saber al pedagogo?

Abstract

Desde hace largo tiempo, los rápidos cambios sociales, políticos, económicos y culturales de nuestra sociedad, e incluso el desarrollo de la investigación social y educativa, vienen reclamando la necesidad de una reforma en nuestras leyes penales. Una de esas primeras reformas comenzaba por la aprobación de un nuevo Código Penal el día 8 de noviembre de 1995 (BOE de 24 de noviembre de 1995), que se adaptaba de esta forma a los principios emanados de la Constitución. Este nuevo código (que entró en vigor en mayo de 1996) introduce entre otros aspectos la equiparación entre la edad civil y la penal, reivindicada desde el ámbito político, judicial y educativo. En la Administración Penitenciaria, en absoluto indiferente a estas transformaciones, se impone la necesidad de promulgar un nuevo Reglamento Penitenciario, ante la obsolescencia del anterior Reglamento de 1981, que recoja los nuevos cambios sociales acaecídos en nuestra sociedad y en nuestro entorno más inmediato. Lo que abordamos en este estudio es una cuestión bastante olvidada en el ámbito de la educación, cual es el de la educación en los establecimientos penitenciarios. Aunque todavía son tímidas las aportaciones desde la ciencia pedagógica a la intervención con delincuentes internos en prisiones, lo cierto es que esta circunstancia no puede ocultar su presencia en un ámbito tan difícil y arduo. La realidad penitenciaria española muestra que la cárcel no cumple con la función para la que fue creada, reeducar y resocializar, y que las tasas de reincidencia se mantienen elevadas, lo que hace pensar en el fracaso de la resocialización, y por tanto de la prisión (ver Hernández i Moreno, 1990).Esta situación conduce a dos posturas extremas: de un lado se reclama la total eliminación de las prisiones y de otro, la limitación de sus cometidos a funciones de reten-ción y custodia. Desde una posición educativa y/o realista, no podemos pensar en su desaparición o en la limitación de sus cometidos, lo que supondría un retroceso para el lento avance de la investigación educativa penitenciaria, pero sí podemos pensar en su transformación. Debemos asumir que la prisión existe y va a seguir siendo una cuestión social durante muchos años más (Arnanz, 1992). Con esta nueva idea, el trabajo pretende ser una reflexión sobre las repercusiones educativas y resocializadoras del nuevo Reglamento que entró en vigor el día 25 de mayo de 1996 en un claro esfuerzo por apoyar la necesaria, pero también complicada transformación del sistema penitenciario.