Discriminación por motivos de nacionalidad en el acceso al empleo y libre circulación de trabajadores: un estudio desde la jurisprudencia del Tribunal de Juscticia de las Comuidades Europeas

Abstract

El artículo 8.1 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (versión consolidada de 2002 tras el Tratado de Niza, que coincide en la actualidad con el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) enunciaba la creación de una "ciudadanía de la Unión", de forma que será ciudadano de la Unión "toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro". Pero, salvo en raras ocasiones que afortunadamente fueron in crescendo, las trabas derivadas de los derechos de residencia y permanencia en un Estado miembro ha sido utilizadas como armas arrojadizas para controlar el acceso al mercado de trabajo de un determinado estado miembro en función de la nacionalidad de las persona, de modo que la ciudadanía de la Unión, ante la imposibilidad de conferir los derechos que tradicionalmente se sujetan a la pertenencia a una comunidad política, ha pasado a ser una mera declaración de principios. En efecto, el artículo 39.3 del Tratado confiere a los nacionales de los Estados miembros un derecho a residir en uno de ellos para desarrollar en su territorio un empleo, si bien ese derecho se encuentra supeditado a lo dispuesto en la Directiva 68/360/CEE, de 15 de octubre sobre suspensión de restricciones al desplazamiento y a la estancia de los trabajadores de los Estados miembros y de sus familias dentro de la en aquel momento denominada Comunidad Europea. En particular, sus artículos 4 y 8 refieren la concesión de un permiso de residencia a los nacionales de un Estado miembro que trabajen en otro Estado miembro, sin que exista un concepto uniforme en el ámbito europeo sobre la figura del trabajador y concurriendo problemas de diversa magnitud sobre el reconocimiento oficial de las titulaciones obtenidas en el Estado de origen