DE/017-Vol 17, Núm 2 (2008)

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Comentario a la STC 75/2008, de 23 de junio de 2008 (Sala Primera): desestimación del recurso contencioso-administrativo, sin pronunciarse sobre el fondo de los motivos alegados por la recurrente, por considerar que el fracaso de la vía económico-administrativa es imputable a la propia conducta procesal de aquélla que no presentó alegaciones. Vulneración del derecho a la tutela judicial cuando no existe sentencia en cuanto al fondo de la demanda
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Rodríguez Losada, Soraya
El Tribunal Constitucional permite que se presenten reclamaciones económicoadministrativas carentes de alegaciones, considerando la vía económico-administrativa como una simple carga procesal del particular, una mera vía que debe agotar para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa.
Proyectos normativos en la política de selección de jueces: especial referencia a la justicia de proximidad
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Yebra-Pimentel Vilar, Paula
El régimen fiscal de la dependencia
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Rodríguez Ramos, Marta
La promulgación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (Ley de Dependencia) ha supuesto la creación de un sistema que pretende dar una atención integral a las personas que por razón de su discapacidad, enfermedad o vejez necesiten de la asistencia de otras para realizar actividades cotidianas. La citada norma prevé, además de otras, medidas de índole fiscal para atender a las necesidades que las situaciones de dependencia suponen. El presente artículo analiza estas medidas tanto de orden estatal como autonómico.
Nuevas instituciones estatutarias ante una eventual reforma del Estatuto de autonomía de Galicia
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Sanjurjo Rivo, Vicente A.; Universidade de Santiago de Compostela. Departamento de Dereito Público e Teoría do Estado
La nueva oleada de reformas estatutarias encabezada por la reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña presumiblemente acabará alcanzando a la comunidad autónoma de Galicia si, como es obvio, se dan las condiciones políticas para ello. Las vías de reforma que se abrirían entonces son muchas, tal y como confirman las nuevas reformas llevadas a cabo. Entre ellas, la reforma institucional es una senda que inevitablemente habrá que explorar. En el presente trabajo se pretende, a partir de la delimitación del concepto de órgano estatutario, determinar aquellas instituciones reconocidas legalmente en la actualidad que pueden (o deben) alcanzar reconocimiento estatutario y simultáneamente abrir el debate sobre la pertinencia de incluir nuevas instituciones en el Estatuto reformado.
Los humildes orígenes de la política social comunitaria
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Miranda Boto, José María
Las Comunidades Europeas nacieron, en la década de 1950, con clarísimos objetivos económicos. Junto a ellos aparecían unos colaterales aspectos sociales, subordinados a los primeros, que con el paso del tiempo acabarían adoptando los perfiles de la Política social comunitaria. En el presente estudio se intenta señalar exhaustivamente cuanto de social tuvieron los primeros años de andadura comunitaria, constatando que, efectivamente, poco se hizo, pero que tampoco es tan magro el balance como suele ser considerado.
Permisos negociables de emisión de CO2 en la UE
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Rahnemay Rabbani, Roberto Muhájir
Las emisiones de dióxido de carbono conllevan un coste para la sociedad, que hasta fechas recientes no se integraba en los costes internos de las compañías contaminantes. La atribución del coste social por parte de aquellos operadores que lo han generado ha llevado a autoridades nacionales e internacionales a arbitrar mecanismos que palean las consecuencias negativas sobre el bien común, específicamente la calidad del aire. La consecución de este objetivo se ha articulado en torno a dos instrumentos básicos: la tributación ambiental y los permisos negociables de emisión de CO2. Por medio de estos, el Estado establece a priori los límites cuantitativos máximos de emisiones, para proceder luego a su reparto, asignando a las empresas licencias para contaminar hasta un determinado límite. En efecto, las que contaminen más de lo autorizado se verán en la obligación de comprar permisos a otras empresas; mientras que las que consigan reducir sus emisiones, no sólo reducirán el coste fiscal derivado de los tributos que graven este tipo de emisiones, sino que, además, podrán obtener beneficios adicionales vendiendo parte de sus permisos a otras compañías. Surge así un nuevo mercado en el que la oferta y la demanda serán las que fijen el precio final para los agentes que en él intervengan e impondrán los costes de pago ante la acción de contaminar. Este precio vendrá determinado en cada momento por las fuerzas del mercado, y no por la aplicación del principio “quien contamina paga”, que rige toda la imposición ambiental y en cuya virtud deberían integrarse todos los costes de precaución, prevención, protección y reparación medioambiental. A pesar de todo, no cabe duda de que estos derechos de emisión constituyen un instrumento complementario de gran efectividad para combatir el problema de las externalidades negativas causadas por las emisiones de CO2.
El enriquecimiento injusto como justo límite a la autonomía de la obligación de retener
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Iglesias Casais, José Manuel
Los últimos pronunciamientos del Tribunal Supremo (sentencias de 13 de noviembre de 1999, 27 de febrero de 2007 y de 5 de marzo de 2008) en los que insiste en la necesidad de que la extinción de la obligación tributaria principal deba ser tenida en cuenta por la Hacienda Pública a la hora de proceder contra el retenedor, han sido finalmente acogidos por el TEAC, lo que ha supuesto un cambio sustancial en la doctrina administrativa relativa a la naturaleza de la obligación de retener. En efecto, al condicionarse la posibilidad de proceder contra el retenedor a la subsistencia de la obligación tributaria principal, no sólo se admite la posibilidad de que el contribuyente subsane con su actuación posterior los posibles defectos en el cumplimiento de su obligación por parte del pagador de las rentas, sino que se reconoce implícitamente el carácter accesorio de la obligación de realizar pagos a cuenta.
Europol y las investigaciones transfronterizas
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Castillejo Manzanares, Raquel
Con el nacimiento de Europol se ha pretendido mejorar la eficacia y la cooperación de servicios competentes de los Estados miembros, con el fin de prevenir y luchar eficazmente contra la delincuencia organizada internacional. Sin embargo, son muchas las circunstancias que reducen su operatividad, entre otras, la limitada atribución de poderes ejecutivos; su restringido contenido competencial; la insuficiente autoridad de los agentes de policía de Europol para resolver cuestiones transfronterizas; así como la pluralidad de normas que rigen en los distintos países en materia de investigación. Quizá, una posible solución a la vista de los actuales problemas, fuere la creación de un “Modelo europeo de inteligencia criminal”, a través del cual se consiga coordinar las investigaciones contra la delincuencia organizada en toda la Unión Europea. En ese camino estamos a fin de hacer más efectiva la lucha contra la delincuencia transfronteriza.
El tratamiento de las cláusulas sociales en la normativa reguladora de la contratación pública. Su consideración como criterios de adjudicación de los contratos administrativos
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Zúñiga Rial, Gloria
En el marco del Estado social de derecho, los poderes públicos tienen encomendado, por mandato del propio texto constitucional, el desarrollo de políticas sociales orientadas a la consecución de la igualdad efectiva entre los ciudadanos, a la corrección de situaciones de necesidad y a la implementación de medidas orientadas al pleno empleo. A estos efectos, los diferentes sistemas de contratación pública se configuran como un instrumento idóneo para incidir, de forma positiva, en el desarrollo de las políticas sociales por parte de los poderes públicos, mediante la introducción, en los procedimientos de contratación, de cláusulas de contenido social que favorezcan la adopción de medidas de responsabilidad social por parte de las empresas. En consecuencia, en el presente trabajo se aborda un análisis sobre el tratamiento que el nuevo marco regulador de la contratación pública dispensa a las cláusulas de contenido social en las diferentes fases del procedimiento contractual y, en especial, sobre su consideración como criterios de valoración de las ofertas presentadas por los licitadores.
Adopción de embriones humanos en la Ley de reproducción asistida española
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) García Fernández, Dora
El principal problema que surge de las técnicas de fecundación asistida, especialmente de la FIVET (Fertilización In Vitro con Transferencia de Embriones) son los embriones sobrantes. Tomando en cuenta que son seres humanos con la potencialidad de convertirse en adultos, es importante que la legislación de cada país considere la posibilidad de darlos en adopción a otras parejas que son infértiles con el fin de darles la oportunidad de nacer, tal como lo establece la legislación española.
A “Constituição Europeia” e o espaço de liberdade, de segurança e de justiça
(Universidade de Santiago de Compostela. Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2008) Noronha Rodrigues, José
A Génese de um Espaço de Liberdade, de Segurança e de Justiça ou a Génese de um Espaço de Segurança, de Liberdade e de Justiça? Qual é a terminologia correcta? Consideramos que, a terminologia correcta deveria ser a última, visto que “(…) [estas] três noções estão intrinsecamente ligadas. A liberdade perde muito do seu sentido se não puder ser vivida num ambiente de segurança, solidamente assente num sistema de justiça no qual todos os cidadãos e residentes da União possam ter confiança. Estes três conceitos indissociáveis têm um mesmo «denominador comum» —as pessoas—e a plena realização de um pressupõe a plena realização dos outros. Manter o equilíbrio entre estes conceitos deve constituir o fio condutor da acção da União.”

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