Permisos negociables de emisión de CO2 en la UE

Abstract

Las emisiones de dióxido de carbono conllevan un coste para la sociedad, que hasta fechas recientes no se integraba en los costes internos de las compañías contaminantes. La atribución del coste social por parte de aquellos operadores que lo han generado ha llevado a autoridades nacionales e internacionales a arbitrar mecanismos que palean las consecuencias negativas sobre el bien común, específicamente la calidad del aire. La consecución de este objetivo se ha articulado en torno a dos instrumentos básicos: la tributación ambiental y los permisos negociables de emisión de CO2. Por medio de estos, el Estado establece a priori los límites cuantitativos máximos de emisiones, para proceder luego a su reparto, asignando a las empresas licencias para contaminar hasta un determinado límite. En efecto, las que contaminen más de lo autorizado se verán en la obligación de comprar permisos a otras empresas; mientras que las que consigan reducir sus emisiones, no sólo reducirán el coste fiscal derivado de los tributos que graven este tipo de emisiones, sino que, además, podrán obtener beneficios adicionales vendiendo parte de sus permisos a otras compañías. Surge así un nuevo mercado en el que la oferta y la demanda serán las que fijen el precio final para los agentes que en él intervengan e impondrán los costes de pago ante la acción de contaminar. Este precio vendrá determinado en cada momento por las fuerzas del mercado, y no por la aplicación del principio “quien contamina paga”, que rige toda la imposición ambiental y en cuya virtud deberían integrarse todos los costes de precaución, prevención, protección y reparación medioambiental. A pesar de todo, no cabe duda de que estos derechos de emisión constituyen un instrumento complementario de gran efectividad para combatir el problema de las externalidades negativas causadas por las emisiones de CO2.