El papel procesal de las asociaciones de defensa de la igualdad ante la presunción discriminatoria en el acceso al empleo: especial mención a la discriminación por orientación sexual

Abstract

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con ocasión del caso NH, ha otorgado una protección especial, en el ámbito de las relaciones laborales, a las "modernas" causas de discriminación, como la orientación sexual. A partir de unas manifestaciones públicas por las que se excluía la contratación del colectivo homosexual en su generalidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dibujado una presunción de discriminación en la contratación contraria a la Directiva relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Este tipo de actuaciones vulneran por sí mismas el derecho a la no discriminación en su vertiente colectiva, sin existir una víctima o perjudicado identificable, y exigen una reflexión sobre qué sujetos colectivos son los más adecuados para su denuncia. No obstante, la apuesta por una legitimación activa amplia no fue seguida por el ordenamiento jurídico-procesal español. La falta de una mención expresa en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a la legitimación de asociaciones civiles obliga a poner de manifiesto su interés legítimo colectivo para acceder al proceso de tutela de derechos fundamentales. Sin embargo, la necesaria conexión del objeto de la litis con los fines estatutarios deja un escenario sujeto a la interpretación que colisiona con lo previsto en otros órdenes jurisdiccionales.

The Court of Justice of the European Union, on the occasion of the NH case, has granted special protection to «modern» causes of discrimination, such as sexual orientation, in the field of labor relations. From some public declarations that excluded the hiring of the homosexual collective in general, the Court of Justice of the European Union has drawn a presumption of discrimination in hiring contrary to the Directive 2000/78/EC. This type of action violates by itself the right to non-discrimination in its collective aspect, without an identifiable victim or injured party, and requires reflection on which collective subjects are the most suitable for reporting them. However, the bid for a wide active legitimation was not followed by the Spanish legal-procedural order. The lack of an explicit mention in the Regulatory Law of the Social Jurisdiction to the legitimation of civil associations forces to proof their collective legitimate interest to access the process of protection of fundamental rights. Despite this, the necessary connection of the object of the litigation and the statutory purposes leaves a scenario subject to interpretation that clashes with the provisions of the other jurisdictional orders