Derecho administrativo para la excepción: La respuesta jurídico-pública ordinaria para la sociedad de riesgo

Abstract

El objetivo principal de este trabajo es visibilizar la existencia de un Derecho Administrativo para la excepción que se encuentra en muchas de las normas sectoriales de nuestro ordenamiento jurídico-administrativo (desde la legislación de seguridad pública a la de salvamento marítimo, pasando por la legislación de montes a la de riesgos nucleares) y que permite que la Administración actúe ordinariamente ante la emergencia y los riesgos. Un Derecho Administrativo que además tiene un arraigo histórico en cuanto a la forma de atribución de competencias y el tipo de medidas previstas claramente diferenciado de los estados de excepción para preservar el orden público. El hecho de que las crisis de diverso signo, que son consustanciales a nuestro modelo social, político, ambiental, tecnológico y económico, se cronifiquen obliga a replantearse cómo combatirlas. Estamos ante amenazas sistémicas que deben encauzarse con la menor alteración posible de los equilibrios democráticos, de reparto de poder, de los derechos de la ciudadanía. Convivir con la excepcionalidad globalizada exige reforzar el Estado de derecho y la democracia, ante el riesgo claro de normalizar la excepción constitucional. En ese marco se encuadra el estudio del Derecho Administrativo para la excepción y los principios, fuentes e instrumentos que lo caracterizan.

The main objective of this paper is to make visible the existence of an Administrative Law for the exception that is found in many of the sectorial norms of our legal-administrative system (from public safety legislation to maritime rescue legislation, from forestry legislation to nuclear risk legislation) and which allows the Administration to act ordinarily in the face of emergencies and risks. Administrative Law also has historical roots in terms of the way in which powers are attributed and the type of measures envisaged, clearly differentiated from states of emergency to preserve public order. The fact that crises of various kinds, which are inherent to our social, political, environmental, technological and economic model, are becoming chronic, forces us to rethink how to combat them. We are facing systemic threats that must be channeled with the least possible disruption of democratic balances, power sharing and citizens' rights. Coexisting with globalized exceptionality requires strengthening the rule of law and democracy, given the clear risk of normalizing the constitutional exception. This is the framework for the study of Administrative Law for the exception and the principles, sources and instruments that characterize it.